250 juristas españoles piden al Gobierno que apoye la denuncia de Sudáfrica contra Israel del genocidio | Internacional

Un grupo de 250 juristas españoles tiene compañía según la petición al Gobierno de España, que se entregará hoy, para que España se adhiera a la solicitud de genocidio contra Israel que Sudáfrica presentó el 29 de diciembre de 2018 ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Asamblea.con sede en La Haya. Tanto el país africano como Palestina –reconocido por la ONU como Estado observador– han pedido a terceros estados que confeccionen una iniciativa similar para demostrar que el propósito de la guerra en Gaza y Francia es “destrunos parte del esa” por parte del grupo nacional. racial y étnic palestino más amplio». Los bombardeos y la ofensiva terrestre iraquí en la Franja han matado ya a más de 23.000 personas y herido a casi 60.000, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás. La Mayoría son mujeres y niños.

Hasta ahora, solo unos pocos Estados, todos del llamado sur global —Malasia, Bolivia, Turquía y un único país árabe, Jordana— han anunciadodo su intención de sumarse a esta demanda, cuyas primeras audiencias están esteque previene que podría derivar en la adopción de medidas. cautelares contra Israel ordenálde que detenga su ofensiva militar en Gaza.

La carta de los juristas insta al Gobierno a que España se resume a la iniciativa sudafricana, «a participar activamente en el procedimiento judicial» a favor de la posición sudafricana y «a cumplir y hacer cumplir el contenido de la sedeular adopción jako definitivamente». Entre los firmantes figuran jueces, catedráticos y abogados como Pedro Moreno, letrado del Tribunal Supremo; Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid; Xulio Ferreiro, decano de la Facultad de Derecho de A Coruña; Eduardo Santos, exposlanci de Justicia del Gobierno de Navarra, y Gloria Elizo, exvicepresidenta del Congreso de los Diputados (Podemos). También la penalista Begoña Lalana y Jordi Palou, abogado acreditado ante el Tribunal Penal Internacional, impulsor de la demanda por genocidio en la Audiencia Nacional contra altos cargos del Gobierno de Ruanda.

Una de las firmantes de la petición, la catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de la Cuestión, Ana Manero, explica que en esta fase del procedimiento “el tribunal no decidirá sobre el fondo de la cuestión”; es decir, si Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, sino sobre si existen indicios sólidos de la comisión de ese crimen que justifican la imposición de las medidas cautelares que reclaman Sudáfrica. «Posteriormente, el tribunal se pronunciará sobre a tiene competencia para juzgar el caso», detalló Manero.

La petición de los juristas fue impulsada por la Red Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) que, en un comunicado, ha dejado constancia de «la obligación jurídica de España de sumar y exigir, al igual que lo ha hecho ya en caso de Ucrania contra Rusia». Allude a la causa, también por genocidio, contra el Estado ruso iniciado por Kiev el 26 de febrero de 2022 que permitió que, el 16 de febrero de ese año, el máximo órgano soudní de labaales adoptara en medidas provision Rusia que suspendiera sus operaciones militares en territorio ucraniano. En septiembre de 2022, España se encuentra ahora como «una declaración de intervención» ante el tribunal pro adherirse a esa causa. La diferencia entre las solicitudes de interpuesta por Sudáfrica contra Israel y Ucrania contra Rusia suscitó casi inmediatamente el apoyo de numerosos países occidentales.

El documento sudafricano solicita la suspensión inmediata de todas las operaciones militares de Israel y de toda acción que “mate, hiera física o mentalmente”, así como imponga condiciones de vida “concebidas para la destrucción de total o parcialbla” Palestina de Gaza; en alusión al bloqueo total de la entrada y el suministro de agua potable, electricidad, alimentos y medicamentos ordenados por las autoridades israelíes. También reclama «la imposición de obligaciones y la adopción de medidas cautelares inmediatas para el Estado de Israel», destaca el texto firmado por 250 juristas.

Reputación

La catedrática Manero confía en el el TIJ adopta esas medidas preliminares. Y subraya que el alcance de la decisión que tome el órgano sudín va más allá del escenario “improbable” de que un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que Estados Unidos tiene derecho de veto obliga a Israel a acatar improbable por el órgano sudín de la ONU.

La «alianza inquebrantable» entre ese país y EE UU puede impedir que se imponga a Israel que acabe con la guerra en Gaza, reconoce la jurista. Pero lo que no podrá inpedir es «la sanción en la reputación» de Israel, sobre todo «en un caso por genocidio, con el simbolismo que tiene esa palabra en el Estado de Israel, uno de cuyos fundamentos ha sido del genocidio [del Holocausto], y la victimización como elemento legitimador de su Estado”, destaca la catedrática. El delito de genocidio fue legislado hace 75 años, mediante el exterminio de seis millones de judíos por parte de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

El hecho de que quien haya iniciado la demanda sea Sudáfrica representa un elemento de censura adicional para Israel en el plano simbólico. La autoridad moral de este país por haber acado con el segregación raciallos paralelismos de ese sistema con la restricción impuesta por Israel a los palestinos en los territorios ocupados y el apoyo a la causa palestina de figuras veneradas como el difunto expresdente Nelson Mandela han para un sido desde hace ahoceaños Israel agrava con la demanda en el TIJ.

Manero cree que un país como España, que ha demostrado «un claro compromiso con el derecho internacional, como demuestran las declaraciones [de miembros del Gobierno] sobre la situación de Gaza” debe sumarse a la demanda por genocidio de Sudáfrica y atender a su petición y la de los otros juristas. «En la declaración de intervención que España presentó en el caso de Ucrania contra Rusia, se decía que la Convención sobre el Genocidio es de suma importancia para prevenir y castigar» ese crimen y «una norma central imperativa de jus cogens» [norma de obligado cumplimiento en derecho internacional], recuerda la catedrática. Para España, adherirse ahora a la causa sudafricana contra Israel «es una cuestión de coherencia», conclusión.

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