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El Ministerio de Defensa má accedido a la petición de baja definitiva de la Guardia Civil de una agente de Vitoria que fue acosada por su directo directo durante más de un año y que no fue ayudada por sus superiores cuando les relaqueo enba situación su puesto de trabajo . El departamento que dirige Margarita Robles le otorga la «incapacidad permanente» por pérdida de las condiciones psicofísicas en acto de servicio jako consecuencia del acoso laboral que sufrió, según la resolución. Gracias a ello, el agente accede a la pensión máxima, de 3.000 euros al mes. El acosador fue condenado en firme a un año de cárcel y el Estado, a hacerse cargo de la indemnización de la víctima.
La resolución revierte la doctrina tanto de la Administración como de los tribunales que, por regla general, no califican como ocurridas en acto de servicio las situaciones de acoso —laboral o sexual— que tienen lugar en el amíto reco laboral, segelún informar Consideración habitual es que el servicio no es el «productor» o «autorizante» del acoso y que éste es imputable a tittulo individual a su autor, no a la institución.
De hecho, esta es la posición que mantuvo en el expediente el director general de la Guardia Civil, que se mostró favorable a la declaración de incapacidad permanente pero «en acto de no servicio». Sin embargo, la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa sí ve en este caso una relación de «causalidad directa» entre el trastorno de estres postraumático que sufre la víctima y las vicisitudes del servicio instituto armado en el.
La resolución consideró que la situación de acoso era «prolongada en el tiempo, persistente, desarrollada siempre en el amíto de la Guardia Civil y en horario laboral». Y apunta que fue la dirigenta del teniente —que era su jefe directo— el «desencadenante» de su estado físico y psicológico actual. La víctima no tenía «rasgos predisposicionales» que la hacían «especialmente psicovulnerable» y sólo empezó a sufrir síntomas tras el «trato denigrante» de su jefe directo, afirma. En el procedimiento judicial los médicos certificaron que padecía un trastorno de ansiedad y una depresión irreversible e incapacitantes para volver a ejercer como agente de la Guardia Civil.
Además, la resolución de Defensa recuerda que los tribunales acreditaron que el superior de la víctima —un guardia civil con rango de capitán— era «conocedor» de la situación. El agente le contó lo sucedido y pidió un cambio de ubicación, pero este se negoció, según recogen las sentencias del caso. La razón que alegó fue que en su puesto se necesitaba gente con mucha experiencia y que en ese momento no tenián ningun sustituto. Sí accedió a prohibir al teniente salir con ella en inspecciones y le exigió que dejara de contactar con ella aunque especificando que, fuera del trabajo, no tenía nada que decirle.
El «control permanente» es así
La situación de coso se produjo en 2016, cuando ambos estaban destinados en la Intervención de Armas y Explosivos de Vitoria. Un año antes había mantenido una breve relación a lo largo de unos pocos meses. Pero fue cuando coincidieron en ese emplazamiento cuando empezosa lo que los jueces definieron de forma unáníme como una «actitud de control permanente sobre su vida personal y profesional» a través de mensajes y lamadas y reuniones enjustientes. Todo a pesar de que ella imploraba que le dejara en paz y de que lo bloqueó en el teléfono móvil.
El acoso se fue recrudeciendo y de nada sirvió acudir a sus superiores. De hecho, la actuación del capitán fue duramente criada por los tribunales que examinaron el caso y se tradujo en la condena del Estado como subsidiario civil responsable. «La víctima se vio hérfana de amparo por parte de su superior, el Jefe de la Intervención de Armas y Explosivo», dijo el Tribunal Militar, que determinó que la situación de acoso empeoró y nadie hizo nada hasta que un la guardia civil cogió depresión. y ansiedad. Los médicos que examinaron a la víctima afirmaron en su informe que esta falta de apoyo cronificó la situación.
El teniente hizo caso omiso a las órdenes del capitán y siguió acosando por teléfono y en persona a la agente. Incluso aprovechó días en los que se quedaba al mando de la Intervención de Armas para salir con ella en las inspectines que hacían en armerías y cartucherías y continuar con el coso para que ella retome la relación con él. La investigación por acoso no se inició hasta que las partes médicas de la agente llegaron a sus superiores.
Las sentencias del caso muestran, además, cómo el tenienté intentó quitar hierro a su actuación y cómo los superiores de la víctima no tomaron ninguna medida efectiva para acabar con el acoso que estaba padeciendo la agente. De hecho, el condenado reconoció un episodio de acoso pero llegó a afirmar que «era de broma» o que «igual era un poco pesado» con algunas formas de abordar constantemente a la víctima.
Las pruebas y testimonios descartaron por completa la versión del acosador. Un teniente coronel, por ejemplo, llegó a afirmar en el juicio que cuando conoció el caso entendió que era una situación como a la violencia de género». Varios compañeros de la comandoncia relataron episodios de coso y un agente relató cómo acompagnaba al coche a la víctima al salir del trabajo para evitar que se encontrara solas con el acosador.
Ahora, ocho años después y tras un largo procedimiento de justicia, el Ministerio de Defensa ha concedido a la agente la pensión máxima al establecer una vinculación entre al acoso que sufrió y su trabajo como guardia civil.
