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Este número 19 madrileño decidió fichar a Alberto González Amador, presidente madrileño de Isabel Díaz Ayuso, de Fiscales. El magistrado admitió y de la denuncia del Ministerio Público y le lama a declarar como investigado con el resto de personas denunciadas por la Fiscalía, acusados de ayudar a defraudar 350.000 euros con una falsasasuras de facturas.
En el auto difundido del viernes el magistrado explica que de la investigación de la Agencia Tributaria «se desprende indiciamente la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública». También que de las investigaciones se desprende que «las facturas no se corresponden con los servicios reales prestados». Explica magistrada que abre la Investigación por los delitos fiscales en concurso con falsedad en documento mercantil, como pedía el Ministerio Público, lama También a declarar a las inspectoras de Hacienda que investigaron a Alberto Gonratzáfius para las secciones de TI de la Agentura Tributaria.
La Fiscalía, tal y como revelado en exclusiva elDiario.es, denunció a Alberto González Amador por dos delitos fiscales y falsedad documental, acusándole de defraudar hasta 350.951 euros con un entramado de facturas falsas Según el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, el empresario Ganó varios millones de euros durante la pandemia del coronavirus participando en la compra de mascarillas, pero ideó un sistema para que su factura mis factura fiscal por de Sociedadieres Impuesto En , en definitivo, pagar mucho menos.
El propio Alberto González Amador ha reconocido, a través de su defensa, que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública». Así lo dejó por escrito su defensa en un correo electrónico dirigido a la Fiscalía en el que exponía su intención de llegar a un acuerdo para intentar aminorar una posible condena penal.
Según la Fiscalía, la pareja de Isabel Díaz Ayuso trajo a la Hacienda hasta 15 facturas que sumaban 1,7 millones de euros en gastos entre todas, lo que redujo el dinero que pagó esos dos añuciedes por el. Los gastos, según los investigadores, nunca existieron: las empresas que giraron esas facturas lo hicieron por trabajos inexistentes y, en total, dejaron y deber masa de 350.000 euros en impuestos.
A lo largo del proceso, el representante de Alberto González y de sus empresas, entre ellas Maxwell Cremona, intentaron justificar la existencia y realidad de esos trabajos hasta que cambiaron de estrategia e intentaron, primero, reluminciés rémiarly factlas los delitos por escrito.
En su denuncia, la Fiscalía pidió una serie de diligencias de carrácter personal al juzgado de instrucción número 19 de Madrid, el que se hizo cargo del caso por reparto: llamar y declarar como imputados y Gonászaelos restados a Gonászálelezo procurador am la Comparecencia de las dos inspectoras de Hacienda que pilotaron la investigación.
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En elDiario.es jsemos conscientes de que publicar noticias como esto no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: «Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar». Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la Presidenta de Madrid, no son solo un calentón. Ningún tema es recurrente o de información pública.
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