El Constitucional admite el recurso del PSOE y decidirá la semana que viene si se revisan 30.000 votos nulos en Madrid

El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso del PSOE con el que solicitaba revisar hasta 30.000 votos nulos de las últimas elecciones generales en Madrid. Los magistrados de la sala segunda entienden que el caso tiene “especial trascendencia constitucional” y anuncia que se reunirá para estudiar el caso la semana que viene una vez la Fiscalía presente alegaciones. La decisión se ha tomado con los votos contrarios de los conservadores Enrique Arnaldo y César Tolosa.


La Fiscalía apoya la petición del PSOE de revisar todos los votos nulos de Madrid el 23J

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El PSOE ha presentado varios recursos para intentar pelear un escaño que puede ser clave en una hipotética investidura de Pedro Sánchez. El escaño socialista número 11 por Madrid que, finalmente, cayó en manos del Partido Popular tras el recuento oficial después del reciento del voto correspondiente al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El PP de Alberto Núñez Feijóo quedaba con 137 representantes en el Congreso y el PSOE de Pedro Sánchez con 121 parlamentarios.

La diferencia de ese escaño implica que una posible investidura de Sánchez no necesitaría solo el apoyo de Sumar, EH Bildu, ERC, PNV y BNG sino también el de Junts. Haber conseguido ese escaño número 122 implicaría que una abstención del partido de Carles Puigdemont sería suficiente, y no su voto favorable.

Tres recursos rechazados

El partido de Pedro Sánchez acudió a las autoridades poco después de conocerse los resultados definitivos. Lo hizo para solicitar la revisión de 30.000 votos nulos detectados en Madrid tras el escrutinio del voto CERA y con el objetivo de intentar arrebatar un escaño al PP en la capital.

Según sus cuentas, el PSOE se quedó a 1.323 votos de obtener su 11º diputado por Madrid frente al PP, un margen tan estrecho que según los socialistas justifica la revisión. Una petición que, por ahora, se había encontrado con la negativa de la Junta Electoral de Madrid, la Junta Electoral Central y por último el Tribunal Supremo a finales de agosto frente al apoyo que la Fiscalía había mostrado a esa pretensión.

Los jueces dijeron en su escrito que esa diferencia numérica entre los votos necesarios y los votos nulos “no es base suficiente para la revisión”, tampoco de forma preventiva. El recuento de los votos, recordó la sala de vacaciones del Tribunal Supremo, cuenta con la presencia de apoderados de todos los partidos: “Garantizan un correcto examen del voto y que tienen capacidad de protesta a cada voto. Por tal razón no cabe cuestionar la labor que la Ley atribuye a los ciudadanos en el proceso electoral”, zanjó el Supremo.

La Fiscalía se había pronunciado en sentido contrario y había apoyado la petición del PSOE “ante lo ajustado del resultado electoral” y para “despejar cualquier asomo de duda razonable sobre la voluntad verdadera y exacta” de los electores.

La negociación con Junts

En estos momentos el principal quebradero de cabeza de Pedro Sánchez y el PSOE es conseguir el apoyo de Junts y Carles Puigdemont para una hipotética investidura después del previsible fracaso de Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP ganador de las elecciones que no suma los apoyos necesarios para llegar a la Moncloa.

Este mismo martes ha sido Carles Puigdemont, expresident catalán reclamado por el Supremo por dos delitos para ser juzgado por su papel en el procés soberanista de 2017, quien ha expuesto sus exigencias para hacer presidente a Pedro Sánchez: un “compromiso histórico” con el independentismo que incluya la amnistía y un relator para el proceso.

Desde el PSOE y la Moncloa las palabras de Puigdemont han sido bien recibidas al entender que, al margen de las exigencias concretas, se trata de un discurso alejado “de la confrontación con el Estado”, citando el “marco de la Constitución” en sus palabras y celebrando que “se abre la vía del diálogo”. “Para abordar esta situación tenemos una herramienta que es el diálogo, tenemos un marco que es la Constitución Española y un objetivo, que es la convivencia”, ha dicho Isabel Rodríguez, portavoz del ejecutivo en funciones.

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