El pacto con Junts y ERC que hizo esta semana presidenta del Congreso a la socialista Francina Armengol incorporó una vieja reivindicación de las fuerzas nacionalistas: la petición a la Unión Europea de que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales y de trabajo en el ámbito comunitario. Es una iniciativa que daría a estas lenguas un estatus similar en Europa al que ahora tiene el castellano y las lenguas del resto de Estados miembros, pero que plantea dilemas por el complejo trámite administrativo que conlleva, las posibles resistencias de otros países que también tienen conflictos abiertos con sus idiomas domésticos y el fracaso de una petición semejante —aunque menos ambiciosa— realizada por España hace casi dos décadas, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.