El Gobierno afina el borrador del texto legal que dé encaje al catalán en la UE

El Gobierno español volverá a llevar hoy a la mesa del consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea su demanda de oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias, un debate del que no se espera que salga decisión alguna.

Será la segunda vez que los Veintisiete aborden la cuestión a nivel ministerial, y el objetivo del jefe de la delegación española, José Manuel Albares, es resolver las dudas previamente planteadas por los socios europeos mediante una exposición oral de la situación. A partir de ahí, el Gobierno afinará el borrador de su propuesta de reforma del reglamento del Consejo que rige el régimen lingüístico de las instituciones de la Unión.

La estrategia del Gobierno es dejar claro la “especificidad” de las lenguas cooficiales españolas y acotar al máximo la definición y condiciones en que otras podrían reclamar ser reconocidas como oficiales por la UE, que actualmente cuenta con 24 idiomas oficiales. Entre los elementos que España esgrime y que podrían tenerse en cuenta a la hora de ampliar el actual régimen lingüístico figuran el reconocimiento constitucional de la lengua en un Estado miembro; haber hecho uso del artículo 55.2 del tratado de Lisboa que permite traducir este documento a “lenguas cooficiales”, algo que solo han hecho España y los Países Bajos, con el frisón; o contar con acuerdos administrativos previos para permitir a los ciudadanos comunicarse en ellas con la UE como los que España firmó hace más de 15 años, explican fuentes diplomáticas.

El Ejecutivo quiere demostrar el carácter único del caso español frente a las reservas de algunos países

El nuevo borrador legislativo, que sustituirá a la propuesta presentada en septiembre, se enviará a los Veintisiete después del consejo de hoy, para así incorporar las conclusiones de este segundo debate que tendrá lugar hoy, explican fuentes diplomáticas. En paralelo, el Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea un informe sobre el impacto financiero y logístico que tendría la incorporación de tres lenguas más a las reconocidas como oficiales por la Unión.

Durante la anterior reunión del consejo de Asuntos Generales, Albares anunció que el Gobierno español está dispuesto a correr con los gastos que suponga la ampliación del régimen lingüístico de la UE y, al final del debate ministerial, planteó a sus colegas dar “prioridad” al catalán y comenzar su “despliegue” como lengua oficial de la UE, por delante del euskera o el gallego. El ofrecimiento español de cubrir los costes de la reforma fue bien recibido por algunas delegaciones, como la austriaca, pero no resuelve las principales reservas expresadas por los socios europeos, de cariz más político o legal.

Alrededor de la mitad de los 27 estados miembros de la UE han expresado dudas sobre la petición española y quieren más información. Alemania y Francia han adoptado una actitud abierta respecto a la petición, incluso evocando su deseo de “ayudar” a Pedro Sánchez, pero desde otros países, en algunos casos gobernados por partidos conservadores, hay reticencias a tomar decisiones a la carta que puedan tener un impacto directo en debates políticos nacionales. Hay, además, en general, cierta angustia ante las implicaciones lingüísticas que tendrá la próxima ampliación.

Hasta ahora, el Gobierno español ha apostado por mantener la discusión a nivel político y solo planea llevarla a nivel técnico cuando tenga un documento sólido desde el punto de vista legal pero también político, de forma que no suscite suspicacias en ningún país. Los socios del este, por ejemplo, no quieren nada que pueda dar alas al reconocimiento de sus minorías rusófonas. Será ese texto el que, eventualmente, se pueda someter al examen de los servicios jurídicos del Consejo, como han pedido Francia y otros países como paso previo a cualquier decisión.