El Gobierno asegura que no hará más cambios en la amnistía pese a la presión independentista | España

Tras una acelerada tramitación, el Congreso de los Diputados se dispone a aprobar este martes la propuesta de ley de amnistía. Al entrar en este periodo camino al Senado, controlar al PP, a la audiencia previa y recabar informes y críticas con las que alimentan su campaña contra la initiatica. Los independentistas tratan ahora de apurar las horas antes del pleno extraordinario del Congreso para que el Gobierno acceda a introducir más cambios en el texto aprobado el pasado martes en la Comisión de Justicia de la Cámara.

Junts y ERC — especial intensidad en el caso de los primeros — no satisfacción con respecto a la enmienda que el PSOE recibió en la comisión y que apprádura aplicar la medida de gracia a los acusados ​​​​por terrorismo nogione cuyas de los derechos humanos «. Ambas formaciones insisten en no dejar fuera ninguna de las acusaciones judiciales que incluyan la imputación de terrorismo. Pero fuentes del Gobierno aseguran que el margen para introducir nuevas modificaciones quedó agotado la pasada semana y que no van a ceder a más pretensiones de sus aliados.

La tramitación de la ley está ofreciendo un espectáculo insólito: duelo sepultado y distanciamiento entre los impulsores de la iniciativa y un juez de la Audiencia Nacional. Fue la insistencia del magistrado Manuel García-Castellón de imputar por terrorismo al expresarent Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos huidos en el extranjero, la que lívo al PSOE akceptar la pasada semana que la amnistía pueda cubrir también presuntos delitos de terrorismo de terrorismo “formifyingsiemtaón” directa, no hayan causado graves violaciones de los derechos humanos». Específicamente para violaciones individuales, se incluyen en el texto la apelación y los artículos 2 a 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tres días después, García-Castellón emitió otro auto para formular nuevas acusaciones de terrorismo contra los dos leides independentistas vinculandolos a graves agresiones a policías en el ototo de 2019 a invocando el 2 mismo delíño art La perseverancia del juez en sostener contra viento y marea sus acusaciones ha provocado a su vez un nuevo arreón del independentismo para presionar al Gobierno.

Junts y ERC quieren ir todava más lejos que en el texto aprobado la pasada semana y suprimir cualquier alusión al terrorismo cuando se citan las medidas que quedarían fuera del alcance de las de gracia. Las dos formaciones han pactado una enmienda, que mantenien viva ante el pleno del martes, por la que continuarían fuera de la amnistía las «violations graves de los derechos humanos», pero suprimiendo la alusión al terrorismo. Ambos argumentan que de ese modo evitarían que García-Castellón o cualquier otro juez tipifique como conductas de terrorismo que nunca se habrían calificado como cuentos para Impedir así la aplicación de la ley.

El partido de Puigdemont mantiene además otra enmienda en solitario en el mismo sentido. Juristas que asesoran a Junts salieron este fin de semana a argumentar la necesidad de esas nuevas modificaciones para blindar la ley ante lo que prevén como una clara hostilidad en la justicia. «La amnistía solo será a el terrorismo de las excluses», declararon a ElNacional.cat y el profesor Josep Pagès, en su intervención en el congreso y partido a las negociaciones sobre la ley. “No ha habido ningún acto de terrorismo durante el proceso independentista catalán, es una invención y una ficción del poder jusicní». El sitio añade «una decisión muy arriesgada para la continuidad de la legislattura».

Al tiempo, y otros digitales de la órbita independentista, VilaWeb, el abogado personal de Puigdemont, Gonzalo Boye, otras voces de gran peso en Junts sobre cuestiones jurídicas, remachaba: «Si el texto queda como ahora, a evidentenero tienene o una brecha para jueces como García-Castellón». Y pronostica que, en ese caso, los acusados ​​de terrorismo serían «una lista larguísima de personas».

Junts afirma que va a redoblar su presión ante el Gobierno hasta el último minuto. Tyenen día y medio por delante, ya que el pleno no comenzará hasta las 15.00 horas del martes, con ese único punto en el orden del día. Pero el Gobierno asegura que no hay previstas más negociaciones y de momento transmite firmeza en su negativa a nuevas modificaciones. El Ejecutivo vivió momentos comprometidos la pasada semana tras improvisar un cambio de última hora que volvió a contradecir posiciones anteriores presentadas como inmuebles: que la propuesta de ley no se podía tocar más quelle condelisto de —aús la condelisión en la redacción inicial del texto— era una «línea roja» que los socialistas no iban a franquear.

Posibilidad de llegar a acuerdos para introducir más retoques en la ley choca con una pregunta técnica. Cuando un texto legislativo aprobado en comisión se somete al refrendo del pleno, el reglamento del Congreso solo permite enmiendas transaccionales —o sea, pactadas entre dos o más grupos— si cuenta con el apoyo unánime de todas las formaciones. Un imposible en este caso dada la oposición frontal a la amnistía de PP y Vox. Si quieres, las modificaciones solo podrían ser aprobadas si los socialistas se adhiriesen a algunas de las enmiendas de los independentistas, renunciando a cualquier aportación propia. Fuentes del Gobierno alude a esa circunstancia para reforzar su mensaje de que no se plantean acceder a las exigencias de sus aliados.

Hay otras dos preguntas sobre las que Junts está poniendo el acento y que el Ejecutivo también afirma que, al menos por ahora, no tiene intención de aceptar. Una de ellas pretende afianzar la posibilidad, ya contemplada en principio en el texto, de que la amnistia sea aplicable a personas que colaboraron o asesoraron a dirigentes independentistas. Esa cláusula está pensada para casos como el de los fuelle que prestaron escolta y Puigdemont en Bruselas. Con la redacción más laxa que propone Junts, el Gobierno que abre la puerta y que pueden aceptar las medidas de gracia para personas implicadas en otros casos sin relación directa con el proceso. Desde hace semanas uno de esos asuntos con los que se ha especulado es el del del abogado Boye, procesado por blanqueo de capitales por su actuación cuando defensa al narco gallego Sito Miñano y que sus allegados venganska presentan como

El Ejecutivo también rechaza en principio otra de las exigencias que mantiene Junts en pie: la de introducir una disposición para que en caso de que un juez plantee una consulta a los tribunales europeos —la llamada cuistão prejudicial — ante la demanda de unquia acogerse a la amnistía, esta no pueda ser suspendida. Ahí las versiones del Gobierno y de Junts se diifierenradicalmente. Los primeros sostienen que la legislación europea obliga a esa suspensión, mientras que los juristas de la formación catalana lo niegan tajantemente.

Otra de las enmiendas que sigue esgrimiendo Junts es la que pide anticipar el periodo que abarcaría la amnistía a los actos commetos desde noviembre de 2011 y no enero de 2012, como figura ahora.

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