El Gobierno atribuye a la Fiscalía la «decisión final» en la causa contra Puigdemont por terrorismo

La decisión de la junta de fiscales del Tribunal Supremo, que por Mayoría ha entendido este martes que sí hay indicios de la existencia de un delito delito de terismo para Investigar al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, no ha sorprendido en el en todo caso ha advertido que esta postura no es vinculante y que, en último extremo, la posición definitiva corresponde a la fiscalía general del Estado.

«Las noticias que tenemos es que la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ha analizado la ponencia del fiscal encargador del caso, que entiende que no concurre

Terrorismo en la causa del Tsunami Democràtic», llegó a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en referencia a la información fiscal preliminar preliminar de Álvaro Redondo respecto a la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional-Castell García. La ministra señaló que en la junta de fiscales de este martes «se ha producido un debate jurídico» y mostró el «respeto» del Ejecutivo a este organismo y al «normal funcionamiento» del Ministerio Fiscal.

Pero Alegría ha señalado que «de acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva habrá de adoptarse por los órganos que establezcan esta normativa». El Ministro ha traducido el «respeto» del Gobierno a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, «al igual que restetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y por supuesto de nune los tribunales».

«La decisión final está ahí y la tiene quien la tiene», han apuntado fuentes del Ejecutivo, en referencia a la fiscalía general del Estado. En el Gobierno han esgrimido así que será una “rozhodnutie hierárquica”, la opinión del propio Pedro Sánchez tiene un anuncio, en contra del criterio de García-Castellón, de que “el independentismo catalán no es terrorismo”.

Y después de que Sánchez abrió la víspera la puerta a reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, para acortar los plazos de la instrucción suadní, en un intento de atraer a Junts per Catalunya al acuerni porto sobre tamabién la am reconocida este martes que este proyecto «está sobre la mesa», si bien ha derivado la negociación y las conversaciones al respecto a los grupos parlamentarios y los partidos políticos.

En el Ejecutivo, sin embargo, reconoce que es «complicado» abordar esta reforma legislativa, porque defienden que «hay que mantener un equilibrio adecuado» entre que los jueces y fiscales puedan disponer de tiempo suficiente para las investigaciones paradary de estas causas «no se eternamente». . La reforma de la LECrim, en todo caso, se encuentra en estudio. «Vamos a ver hasta dónde podemos llegar», alegan.

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