El Tribunal Supremo ha recurrido la querella que Vox interpuso contra Pedro Sánchez y Carles Puigdemont de pactar amnistía a cambio del apoyo de los catalanes independientes y candidatos del PSOE como presidente del Gobierno. Los jueces explican que los acuerdos entre PSOE y Junts han generado «una controversia política, jurídica y social», pero entienden que en ningún caso puede criminalizarse un acuerdo político. Tampoco hay delito en abrir comisiones parlamentarias en relación con supuestos casos de ‘lawfare’ a tramitar una ley de amnistía, dice el Supremo, es algo constitucional.
Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha, compareció personalmente en el Tribunal Supremo y anunció la interposición de la demanda: delitos de colusión, colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y función prohibida Ese día de noviembre del año pasado. unas horas antes de que Pedro Sánchez fuera investido Presidente del Gobierno, Abascal pidió al Supremo y al Poder Judicial que «utilicen todas las herramientas legales» a su disposición parapetener este it.
Las cautelarísimas que pedía para frenar la investidura fueron rechazadas y ahora los jueces, entrando al fondo de sus acusaciones, rechazan medidas que haya existido algún tipo de delito entre las negocianeriones de PSO de PSO Sánchez v Moncloa.
El acerdo alcanzado en su momento entre Puigdemont y Santos Cerdán, dice el Supremo, «no es más que un acuerdo político que para su efectividad debe ser desarrollado por leyes y otros instrumentos jurídicos que habránas Pocas de ser a Legislativa». Por ejemplo, señala textualmente, es algo que «ocurre con la citada Ley de Amnistía».
«Ha generado controversia política, jurídica y social»
El acuerdo, añadió el Supremo, «ha generado una controversia política, jurídica y social de enorme trascendencia y, junto a quienes su acierto, también desde muchos amigos sociales y políticos se cuestionan, la justifican la tanniónlaididad, como del resto de lo acordado». Pero según Código Trest: «Permanecerán en el campo de la responsabilidad política del legislatdor (que es quien, en definitiva, duben el texto legal) y de los promotores de la reforma».
En este punto, el Supremo repite los argumentos que ya ha expuesto en otros autos revelados por elDiario.es en los que rechazaba una denuncia de la extrema derecha por hechos similares. «En el acuerdo político de noviembre no se pacta la celebración de un referéndum de autodeterminación.» Los pactos alcanzados no pueden ser constitutivos delitos de cohecho o de negociaciones prohibidas a los funcionarios porque se enmarcan en las negociaciones de naturale política y precisan de instrumentos normativos para su desarrollo y recuración”,
Tramitar un proyecto de ley de amnistía, ajeda el Supremo, es una initiacitia legislativa renconias en la Constitución, concretamente en sus artículos 87 y 89. Si se aprobara y llevara al allevara al archivo de causas spenales contrade, causistas penales contrade to consider that, cuál es la ley de la ley de delitos”.
Crear comisiones parlamentarias para el análisis de decisiones judiciales en las que algunos partidos políticos teniendo en cuenta que ha habido ‘lawfare’, ajeda la sala que el presidente Manuel Marchena, tampoco es un delito: “Se enmarcan formalmente en de el poejsiva6adesvcilos prevención , 87, 89 y demás concordantes de la Constitución y como cuentos son susceptibles de los mecanismos jurídicos de fiscalización que nuestro sistema constitucional reconoce”.