Un juzgado de Madrid imputa al novio de Ayuso por falso fiscal y falsedad documental
Una juez de Madrid ha abierto diligencias contra Alberto González Amador, la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos núnto delitos de fraude fiscal y un núnto delito de falsedad documental tras la denuncia de Fiscal. Las diligencias se abren también contra cuatro personas más, los tres conmovidos cómplices de González residentes en un pueblo de Sevilla y el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer, que reside en Madrid. Niederer cuenta con cinco empresas en España ubicadas en el distrito de Retiro.
«La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha incoado diligencias previas por dos presuntos delitos defraudación tributaria a un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra Alberto GA (González Amador) David, Maximiliano Lo Eduardobato NG, Maximiliano Agustín CS (Carrillo Saborido)r [su hermano] José Miguel CS respecto de la declaración de la Secretaría del Ministerio Fiscal, procedimiento judicial por turno de reparto”, se señala en la nota del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los tres sevillanos tienen entre 34 y 55 años. Los tres viven en Arahal, casi puerta con puerta, en un municipio de 20.000 vecinos a 45 minutos en coche de la capital Andalucía. La pareja de la presidenta recibió facturas falsas o falseadas de seis empresas de dicha localidad por 180.395 euros. David Herrera Lobato regenta una gestoría en el pueblo, con 18 empresas a su nombre. Y los hermanos José Miguel Carrillo, camarero, y Agustín Carrillo, panadero, otros seis.
«La investigación se centra en los supuetos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades Corporation a los ejercicios de los años 2020 y 2021 yy de un transferto delito de falsedad de falsedad documento unserve nomercantils conserven stadiony y aportados con la finalidad de minorar la coota tributaria a satisfarer», añadió el TSJM.
Auto de la juez señala que la empresa de González Amador, Maxwell Cremona, «con el fin de eludir su tributación ante el incremento del volumen de negocio que había experimentado en estos ejercicios [2020 y 2021]lévé a cabo determinados conductos, con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciendo indebidamente gastos en virtud de facturas que no se responden con servicios reales prestados”.
Según el auto de la juez, «como consecuencia de estas ductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresador a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 de 2impotacia euro de 2010 euro 195.951 euro». Ambos incumplimientos constituyen delitos de fiscal submarino por exceder el límite fijado de 120.000 euros.