Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y compensación por una cantidad fiscal fraudulenta de 350.000 euros, que se presenta contra obligaciones tributarias responsables bajo supuesta revelación de secretos. El empresario, que terrá que declarar el próximo 20 de Mayo, acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido, a través de un comunicado, datos confidenciales sobre en los defensores, en busca de un acuerdo, reconoció ante la Fiscalía que había cometido dos delitos fiscales.
Tal y como reveló elDiario.es en exclusiva, la Fiscalía denunciada y Alberto González Amador ante los tribunales por dos delitos de fiscal fiscal y concurso con falsedad documental. El empresario del sector sanitario, según la documentación del caso, ingresó varios euros durante la pandemia, procesido sobre todo de comisiones por intervenir en la venta de mascarillas, pero después urdió un sistema de facturas de facturas fals impidió el paraíso pagado. Un fraude, entre los dos años, superior a los 350.000 euros.
Fue Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, quien filtró y varios medios de comunicación una falsa que fue publicada por varios de ellos: que la Fiscalía había de recido un pacto y Gonpuloar de comunicación Fue la Fiscalía de Madrid la que poco después reveló la realidad en un comunicado: fue el abogado de González Amador el que comunicó por correo electrónico al fiscal del caso questaba dispuesto a llegar a un acudeliendto, contrashancise la Hacienda pública”.
Tal y como ha revelado El Español, la defensa de González Amador ha decidido interponer acciones penales por ese comunicado, quea una revelación de secretos delictivos que atribue tanto al fiscal del caso, Julián Salto, como a de la fis Madrid, Pisguez Madrid. El presidente del tribunal supremo de Madrid, competente para el foramiento territorial de los fiscales, y la decisión está en manos del presidente, Celso Rodríguez Padrón.
La publicación de ese comunicado por parte de la Fiscalía tras la filtración de datos erróneos sobre el proceso se ha traducido, entre otras cosas, en acciones corteses por parte del Colegio de Abogados de Madrid. Esa denuncia ha sido repartida al juzgado de instrucción número 28 de la Plaza de Castilla de Madrid, que ahora terrá quecidir y abre una causa, informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.