by El brutal asesinato de tres carabineros en la mañana de este sábado, incinerados dentro de su vehículo en la región de la Araucanía, renuevan con rawza un conflicto que lleva decasas y que una sucesión de gobiernos no de distinto signo. los Angeles violencia atributida y grupos mapuches en el sur del país reaparecen una y otra vez, pese al envío de militares ya los tibios intentos de diálogo que esbozó el presidente Gabriel Boric.
Desde medidad de 2022, en la zona rige un estado de excepción constitucional ratificado por el Congreso, una herramenta constitucional que permite el despliegue militar para que ayuden a Carabineros (la Policía militarizada) a controlarúblanciayend, hlavní y caminos.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile, como Biobío, existen desde hace decasas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales -propiedad de los grupos económicos más poderosos del país- que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas y quea fueron ocupadas a multa del sifuerix.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria agrícola y propiedades, cortes de ruta y enfrentamientos que ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche, además de la muerte de policías.
En particular, se trata del homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca en 2018 y manos de Carabineros, la confianza entre comunidades a institución se quebró.
Un vehículo policial se prepara para un incendiado en Los Álamos, en la Región del Biobío, en Chile, con cadáveres de tres agentes adentro. Foto: REUTERSFue el gobierno del conservador Sebastián Piñera quien declaró, en octubre de 2021, el estado de excepción y la militarización de la zona de la Araucanía. Se desplegaron entonces más de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas para reforzar la tarea de la policía. Medida, que en Principio era por 15 días, se fue renovando exitosamente durante meses. Pero el conflicto no ocurrió.
Marcha y contramarcha de Gabriel Boric
El socialdemócrata Boric, que tomó las riendas del Gobierno chileno en marzo de 2022, había prometido levantar este estado de excepción que, en su opinión, sólo agravaría el conflicto.
Al inicio de su gobierno, el joven mandatario intentó establecer una vía de diálogo. Días después de asumir, envió a su ministra del Interior, Izkia Siches, a recurrentes diferentes localidades en la región de la Araucanía. Pero la reacción no fue la esperada: la cierceo con disparos contra los autos de la comitiva, que no dejaron víctimas pero encendieron las alarmas. La funcionaria tuvo que ser evacuada por las fuerzas de seguridad y el fallido acercamiento marcó un giro en la estrategia oficial para tratar de contener la furia mapuche.
Carabineros en una ruta de la zona sur del país, cerca de donde apareció el vehículo con los cuerpos carbonizados de tres agentes. Foto: AFP Boric retirado y los militares desplegados por Piñera. Pero dos meses después tuvo que dar marcha atrás, al ver que la lejos lejos de aliviarse, recrudecía, con nuevos incendios y ataques. Fue cuando la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la organización básica de la organización básica durante lamó y 90 años «preparar fuerzas y organizar la resistencia armada».
«Ningún gobierno ha resuelto aún el conflicto mapuche. No es un problema fácil», dijo hace tietempo a Clarín el politólogo Kenneth Bunker, director de la consultora Tres Quintos.
Dentro del movimiento mapuche existe un debate sobre cómo lograr la autonomía territorial. Algunos llaman a definir el carácter del Estado chileno como plurinacional, para dar y los pueblos originarios un reconocimiento negado por más de 200 años. Otro como CAM, apostado de «Lucha por la liberación nacional».
