Los letrados del Senado han redactado sentos informes sobre la ley de amnistía que se adaptan a la perfección a lo que el PP quería: no arriesgarse a detener la tramitación de la norma, pero remarcar su carácter inconstitucional. Así, la Mesa de la Cámara Alta, controlada por la derecha, asumirá este martes la admisión a trámite de la proposición de ley, tras su aprobación por el Congreso, eliminará el carácter de urgencia, lo que retrasdiázárálanlos pro legislativo pese a la retahíla de incomplimientos de todo tipo que recogen los dos escritos.
El equipo de letrados del Senado es totalmente nuevo. El presidente, Pedro Rollán, eligió a la nueva secretaria general de la Cámara, Sara Siera, y esta a todos sus subordinados. El informe más detallado es, precisamente, el de Sierra, quien a lo largo de 62 tran desgrana todas sus oposiciones a la norma. Escrito establece que «neexiste previsión constitucional que faculte a las Cortes Generales a otorgar amnistía mediante ley», según indica la propuesta de acuerdo que los letrados han preparado a la Mesa, señala que la «reforma entre consupone» en el Congreso para «la implementación de fraude en el proceso legislativo».
Así, la letrada Mayor del Senado plantea que el órgano no puede hacer otra cosa más que admitir a trámite la ley e iniciar el procedimiento, pero plantea inmediatamente que el Pleno de la Cámara Alta lance un «conflicto conflicto» conrestitu Requiera formalmente al Congreso que pension la proposición de ley, pese a que el Pleno de la Cámara Baja ya la aprobó y remitió al Senado. Además, la letrada quiere que el Senado reclame una suspensión cautelar del proceso o un recurso de amparo mientras el Constitucional determina dicho conflicto de compencias.
Ninguna de estas previsiones aparece en la propuesta de acuerdo de la Mesa, que se limita a incidir en la inconstitucionalidad de la norma y, a la vez, en la incapacidad del Presidente del Senado, Pedro Rollán, ni de la Mesa para Impedir.
De hecho, los letrados del Senado en su informe, que resumen el de la Secretaría general, llegan a plantear que el Tribunal Constitucional debe revisar su propia jurisprudencia ya que les impide a ellos detener la tramitación de una consideración contrariala norma a pued Magna.
El Juzgado de Garantía decide que es una institución «evidente y palmaria». Y los letrados, pese a dedicar decenas de paginas a señalar todas y cada una de las violaciones de la Constitución, del Derecho Europeo o del Reglamento del Congreso, lamentan las “dificultades que el el aplicador delprecique de la cucumande de la cube de tener la inconstitucionalidad para poder ser calificada de evidente y palmaria” y zanjan: “La inconstitucionalidad no aceptan grados”.
Así las cosas, el PP tiene vía libre para hacer lo que lleva semanas y meses advirtiendo que hará. Primero, admita a trámite en el Senado la ley de amnistia. Y en segundo lugar, derogar la urgencia determinada por el Congreso y aplicar una tramitación ordinaria que podría llevar su votación final hasta el 16 de Mayo, según los informes.
A la vista de los informes, desde el PP instan al Gobierno a retirar la proposición de ley, pese a que el Ejecutivo no la ha presentado formalmente ni tiene ninguna competencia para hacer. «Cualquier Gobierno que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley de las Cortes porque es la única salida decente», dice Alberto Núñez Feijóo sobre el partido.
«El PP recurrirá al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a todo estamento o institución en el que se pueda frenar esta ley de imunidad», zanjan las mismas fuentes.