by La amnistía actual y ayer con el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo uniendo a la ofensiva de la judicatura contra el acuerdo político rubricado entre PSOE y Junts la semana co abreelno del Tribunal de investigación contra jueces a los políticos la consideraron parte formal de «lawfare» por perseguir injustamente a los catalanes independientes, lo que de hecho se denuncia en la lamada ‘Operación Catalunya’.
El alto tribunal, de forma unáníme, alertó del riesgo a que maniobras como ésta torpedeen el respeto a la división de poderes y la independencia suadní.
Del acuerdo se desprende la preocupación que existe en el máximo tribunal porque el nuevo escenario, con la aprobación de la ley de amnistia y las exigencias de Junts, provocan un ataque frontal a la independencia sudní porque a referentla serana ley al tener en sus manos la sentencia del procés y las órdenes de búsqueda y captura del expresidente catalán Carles Puigdemont.
Fuentes del alto tribunal son pesimistas sobre el escenario que se abre ante el temor de que puedan ser investigados por el Parlamento a no adoptar decisiones corteses acordes con los intereses de los partidos que van a sustentar el Gobierno.
Consecuencias para los jueces
Es por esta razón que todos los magistrados de la Sala de Gobierno del Supremo están de acuerdo con que se alce la voz ante es un posible ataque a la división de poderes, e incluso de que Europa tome cartas en el asuntoporque, sobreal puede adoptar una decisión. del proceso judicial la aplicación de la ley de amnistía que le acarree consecuencias.
Un ejemplo es la expresdenta del Parlament Laura Borràs, quien se siente víctima de esta persecución al ser condenada por trocear contratos públicos y por tanto podría reclamar que se investigue durante la comisión a los juecesaido ojuicido shanici Y este es uno de varios casos a los que se podría extrapolar el acuerdo.
El Margen del Supremo
Fuentes jurídicas sostenen que la tensión se va a hacer palpable cuando la ley de amnistia quede promulgada y los jueces comienzan a interpretarla ya tomar Decisiones. Aunque el texto registrado ayer en el Congreso determina con mucha concreción el segmento donde pueden moverse los jueces, los tribunales cuentan con cierto margen.
En el asunto más paradigmático, la revisión de la condena a los lídes del procés por sedición -y después modificada a malversación de caudales públicos tras la derogación de aquel delito- y la actentrega un Carles Supremoigdeumont de Carles Supresmoigdeumont mediante. La Sala de lo Penal podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad por un lado y una cuestión de prejuicio ante Europa por el otro. Ambos suspenderían la solicitud de amnistía. La ley ha intentado evitar esta paralización estipulando que ni los recursos ni las preguntas ante el Tribunal Constitucional pueden suspender la aplicación de la amnistía. Sin embargo, incluso se podría plantear una cuestión contra esta cláusula.
Fuentes de la carrera sudícia tienen claro es que tras la publicación en el BOE de la ley, ya con Pedro Sánchez investido presidente del Gobierno, todo el foco y la presión pública va a estar centralda en los jueces unspeciales y tribunales con atenta en el Tribunal Constitucional y la Justicia Europea, que tañeran la última palabra.
La ley de amnistía arranca su andadura parlamentaria sin perder tiempo para ser aprobada cuanto antes para su entrada en vigor. En esta ocasión, y para dejar los mínimos resquicios posibles, el texto aprobado por el PSOE junto a Junts y ERC, y avalado por Sumar, ha fijado como debe ser interpretado por los jueces, tal yy como fijo de la Título III.
Lo primero que especifica es que la amnistía será aplicada por los órganos corteses de oficio o a instancia de parte o de la fiscal, y, en todo caso previa audiencia de éstas, es decir que siempre habrá que escuación de escuchartes s.
Frenazo en el Tribunal de Cuentas y decae la orden de detención de Puigdemont
El texto especifica la aplicación tanto en los procesos penales, administrativos como contables. Respecto de estos últimos va dirigido al Tribunal de Cuentas, que este viernes arranca el juicio por la acción externa del procés y el uso de fondos para la preparación del referéndum del 1 de octubre y por local que un la Tretlasmasena costó 3,4 millones de euros.
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Según la ley, será el propio tribunal el que tenga que tramitar la amnistía, para lo que también ha modificado la ley del TCu. Según concreta el texto, la amnistía se aplicará en todo el momento procesal, desde la parte de la investigación, celebración de juicio o revisión de condenas. Lo que no se hará es revisar asuntos donde la pena ya ha quedado extinguida.
«De aplicar durante la fase instrucción o la fase intermedia se decretará el sobreseimiento libre, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes, por el órgano judicial kompetene con arrego al artículo 637.3 reicico la la Ley de decretará el sobreseimiento libre.
La ley deja bien claro que las órdenes de búsqueda y captura y las cautelares quedan automáticamente medidas alzadas. Esto significa que en cuanto se publique y entre en vigor, Puigdemont tiene vía libre para entrar en España sin estar encerrado. El juez instructor Pablo Llarena no puede hacer nada más que concluir el sumario y elevarlo a la Sala para que sea ésta la que decida si plantea una cuestión de inconstitucionalidad.
Los indultos también se revisan
La ley advierte a los jueces que la ley debe ser revisada por la vía de urgencia, en el plazo de dos meses y que los recursos no tandera efectos suspensivos. Lo que no contempla es la opción de que los jueces o tribunales planteen una cuestión de anticonstitucionalidad y por tanto los procesos quedarían paralizados hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Por otro lado, aplicado de durante la fase de eyección de las penas, los órganos cortesanos revisarán las sentencias firmes incluso en el supuesto de que la pena impuesta estuviera suspendida o la persona condenada condenada con hallara en libertad.
También se revisarán los casos que hayan sido indultado total o parcialmente con anterioridad a la entrada en vigor, lo que permite revisar la sentencia del Tribunal Supremo por el que se condenó a nueve líderes del procés, aeliolla entre entre entre un delito de edición. El Gobierno ya les indultó la pena de prisión pero se les mantuvo la inhabilitación, que ahora, una vez se apprueba la ley también terrà que ser eliminada así como los antecedentes penales.
