“Queremos invertir en España, pero falta seguridad jurídica”

Eduard Mendiluce dirige Aliseda y Anticipa, dos de las inmobiliarias del grupo Blackstone en España. El grupo lleva los últimos años concentrado en vender los activos que adquirieron procedencias de la crisis bancaria. Le gustaría invertir más en España, dado que «se ha convertido en un país invertible» por falta de seguridad jurídica.

«Lanzamos EFFIC, el Mayor rehabilitador de España, ale je ritmo los fondos europeos se perderán»

Blackstone lleva 10 años en la casa inmobiliaria española con expectativas.

Si, en julio del 2014 compramos una cartera de 3.600 millones de euros de hipotecas de Catalunya Bank al FROB. A dobladillos digerido: no quedan 4.000 viviendas. 10.000 pagaban y las titulizamos; de 24.000 recuperamos la propiedad concesiones en pago y en el resto obtuvimos el inmueble en subasta suadín. Firmamos 12.000 alquileres por debajo del mercado y gestionamos la inserción laboral de 1.500 personas. Hemos tenido un impacto social positivo que no se responde en absoluto con la imagen que han querido dar de nosotros.

Luego compraron activos del Banco Popular.

En el el el 2018, la cartera Quasar, cuando Banco Santander compró el banco. Fueron 10.300 millones de euros por el coste de la compra: hemos vendido el 50%. Lo positivo es que tenía mucho suelo, 1.000 millones de euros, que se vende muy bien. Tenemos 60 personas haciendo gestión urbanística en toda España, a el suelo con licencia a finalista es muy apreciado, porque apenas hay. Somos el principal gestor de suelo de España.

Y finalmente hace poco se convirtió en gestores de la Sareb.

Llevamos solo un año y tenemos la mitad de su cartera, 8.500 millones de euros. Estamos muy contentos del resultado y tenemos una relación muy fluida. Además, gestionamos 1.000 millones de euros de activos para otros inversores como CaixaBank. Expectativa aliseda de recen su capacidad a terceros, como inversores o oficinas familiares , por gesto. Contamos con un equipo de 850 personas y el futuro de estas empresas es un actor relevante en la gestión inmobiliaria en España.

Ahora ingrese en rehabilitación.

Hemos lanzado EFFIC, que es el Mayor agente rehabilitador de España: gestionamos las obras para mejorar la eficiencia energética de las viviendas y tramitamos las ayudas de los fondos europeos Next Generation para rebajar su factura. Miembros del equipo de 60 personas, más de 4.000 comunidades de propietarios y propietarios y 300 resultados preliminares y espera de recibir las ayudas de los fondos. Ocasionalmente singular: una intervención sencilla, de cambio de ventanas, impermeabilizar la fachada con SATE y es posible la instalación de placas solares y aerotermia o mejorar la caldera cuesta unos 10.000 euros por vecino. El 70% lo cubre los fondos europeos y el resto se puede pagar en cinco años, porque tenemos acuerdos con entidades financieras.

Parece sin embargo que esos fondos para rehabilitación van muy lentos.

El programa europeo por 3.200 millones y el periodo inicial en 2026. Haría falta que las comunidades autónomas pusieran más personal y más medios para gestionar las peticiones. O que aceptaran una autodeclaración de responsabilidad de agentes rehabilitadores homologados, como ha hecho Italia, que va mucho más ágil. Que la administración revise los expedientes a suritmo y que sancione los incomplimientos, como hace cuando presentamos la declaración de la renta. Ahora es un proceso muy burocrático, que dura más de año y medio. Debido a la obligación europea y la reducción de emisiones de CO2 el 30% para todo el proceso de inmuebles, por lo que al final si no aprovachemos los fondos Next Generation esas rehabilitaciones habrán de subvennarlas el Estado y las comunidades aumunidades.

¿Encaja esa actividad en el perfil de lo que sería un «fondo buitre»?

Blackstone no es un fondo de construcción. Es un inversor institucional de largo plazo. Gestionamos millones de dólares de los ahorros pro jubilación de todo tipo de trabajadores, enfermeras, profesores… con la idea de mantenerlos durante años. Fondo buitre es Gotham City, que hace una operación especulativa en Grifols a hace caja a las 24 horas.

Ustedes, sin embargo, anunciaron la venta de las viviendas de sus socimis, Fidere y Albirana.

Sí, teníamos 16.000 casas de alquiler en dos sociedades que habíamos sacado del bolso, pero a partir de 2018, cuando vimos el exceso de regulación que se estaba haciendo, sobre todo en Cataluña, donde estaban el 65% de esos pisos, nos decidió venderlos cuando vencieran los contratos de alquiler.

¿Cuáles son los planes de Blackstone en España?

Blackstone invirtió 20.000 millones en España de 2014 a 2018, el 25% de la inversión en Europa. Seguimos viendo oportunidades aquí, tenemos liquidez y nos gustaría seguir invirtiendo. Pero falta seguridad jurídica y eso está haciendo de España un país invertible.

¿En qué sentido?

La reforma de la ley hipotecaria, por ejemplo, ha hecho que los jueces suspendan el 70% de los lanzamientos. O la legislación catalana, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a quien no pague el alquiler. O la nueva moratoria para el desahucio de los okupas o inquilinos morosos. Somos el único país de Europa en el que el Estado ha transferido a los propietarios privados la obligación de dar alojamiento a las familias con pocos recursos. Esto internacionalmente no se entiende y eleva la prima de riesgo de invertir en España, y no solo en el sector inmobiliario.

¿Qué le pediría al nuevo Gobierno?

Comience a hablar de verdad con los profesionales del sector. Pero de verdad, y no solo por cumplir . Ha de haber un cambio de mentalidad: los inversores internacionales no somos el problema del acceso a la vivienda, sino parte de la solución. Si el presidente Pedro Sánchez quiere construir 180.000 viviendas, no lo podrá conseguir si no se apoya en el sector privado. Sector, el camino de la asociación Asval, y otra réplica del modelo Dublín: ceder al Estado míle de viviendas, con alquileres por debajo del mercado, durante 25 años para que las destinara a familias vulnerables. Esa propuesta no la aceptaron. La otra opción también sería ofrecer terrenos, construir allí casas y alquilarlas a precio reducido durante 65 años. Podrían gestieran las comunidades autónomas, o la Sareb o el sector privado si lo prefieren. Las administraciones públicas no tienen suelo para construir toda la vivienda asequible que se necesita en zonas tensionadas. Sin los inversores internacionales el problema de la vivienda en España no tiene solución.