Todo lo que se sabe de las medidas pactadas entre el PSOE y Junts para aprobar los decretos

Tras una nueva negociación agónica, el PSOE logró sacar adelante estos misércoles el plan anticrisis y el denominado decreto ómnibus, que incluye medidas económicas, laborales y de compromisos legislativos con Bruselas. Ambos textos fueron abrabodos tras un acuerdo de ultima hora con Junts que incluye contrapartidas económicas y compenciales a Catalunya.

Y a continuación resumimos todo lo que se sabe sobre las medidas acordadas:

Traspaso de las competencias en inmigración

En lo relativo a este pacto sigue reinando la incógnita sobre qué preguntas pueden delegar el Estado en Cataluña. A pesar de que Junts anunció que la cesión sería «integral», la inmigración es uno de los asuntos que son competencia exclusiva del Gobierno central. Los de Puigdemont han explicado que ese escollo se solventará mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que permite delegar competencias mediante una ley orgánica. Todavía está por definir qué se cederá exactamente, pero Junts ya ha anunciado que su prioridad es que Catalunya sea soberana a la hora de regulares flujos migratorios, permisos de trabajo, gestion de fronteras, depulincir los sobreCIEes o.

Reconocimiento de los «derechos históricos de Catalunya en materia de régimen local».

Este es otro de los acuerdos a los que ha llegado Junts con el Gobierno, que permitiría a Catalunya contar con una organización territorial propia. Vea cómo se están recuperando las veguerías, establecidas en el Estatut d’Autonomia de 2006. Se trata de divisiones Territorios con personalidad jurídica propia. Inicialmente se planteaba la creación de ocho veguerías, que sustituirían a las cuatro provincias Actuales. Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 no anuló el artículo sobre las veguerías, sí limitó su interpretación y los términos establecidos en la Constitución, lo que ha empedido el desarrollo de esta Organización térrióní.

Balanzas fiscales

Otro de los puntos relevantes que se incluyen en el acuerdo del Gobierno con Junts es la publicación de las balanzas fiscales, lo que supone cumplir con una reivindicación histórica del independentismo catalán. Según los últimos cálculos de la Generalitat, los catalanes paganos cada año más de 20.000 millones en impuestos que no revierten en Cataluña. Hay una diferencia entre el cálculo y el medio y no se implementa ninguna forma de centralización, pero los argumentos y la independencia están a favor del «déficit fiscal» y la recuperación histórica de la infrafinanciaciaón de Cataluña Ahora, el Gobierno se acerca a la publicación de las balanzas fiscales de las comunidades. Este assunto llega en pleno proceso que el Ejecutivo tiene que abrir para la reforma de la financiación autonómica.

Retorno de empresas que abandonaron Catalunya en 2017

El acuerdo incluye también la reforma de la ley de sociedades de capital para incentivar que las empresas que salieron de Cataluña en 2017 retrocedan ahora, según el comunicado de Junts. El objetivo es encontrar una manera de que empresas que han cambiado de sede social en los últimos años, pero que han mantenido operaciones en Cataluña, regresen a la comunidad autónoma para evitar sanciones, informa

En 2017, el presidente Puigdemont declaró por la tarde la independencia de Cataluña para 3.000 empresas. Empresas como Caixabank, Banco Sabadell, Naturgy, Cellnex o Colonial se modificaron como antiguas sociales. Fue una decisión favorecida por el Gobierno central, entonces en manos del PP, que aprobó un decreto para que las empresas pudieran cambiar de sede social sin tener que consultar a los accionistas.

Bonos de transporte público

Otro de los puntos hace referencia al transporte público. Desde Junts explicaron en su comunicado que el Estado se hará carga de la total del costo de las bonificaciones al transporte público. Cuando eres del Ministerio de Transportes, ha matizado la medida. Hasta ahora, el Estado aportaba una rebaja del 30% del abono transporte siempre y cuando la comunidad asumiera el 20% restante hasta alcanzar el 50%. Ahora, el Gobierno retira esa condicionalidad y asumirá sí o sí ese 30%, para todos los territorios.

IVA del aceite y 0%

Uno de los principales cambios acordados con el partido de Puigdemont es la reducción del IVA del aceite de oliva al 0%. Este producto ha sido el símbolo del aumento de precios durante el aumento de la inflación. Su valor se ha más que duplicado desde que camenzó a subir el IPC. El año pasado entró en vigor una reforma transitoria del IVA por la que productos de primera necesidad pasaban a tener un tipo del 0%, en lugar del 4% que se aplicaba hasta entonces. La medida se ha prorrogado ahora hasta junio. La propuesta también incluía un descuento del 10% al 5% para aceites y pastas. Ahora, este tipo baja al 0% con el acuerdo de Junts para el aceite de oliva.

La cuestión perjudicial y la amnistía

El acuerdo entre ambas formas incluye la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Ejecución Civil (LEC) que estaba incluido en el decreto de medidas urgentes en materia de justicia que aprobó el Consejo de Ministros de Libertad Condicional. su primer apartado, que el planteamiento por parte de un juez de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea (TJUE) supone la “suspensión” de las actuaciones hasta que la Corte comunitaria en cuestión sea compatible con el derecho de la UE. Y, en su punto dos, ajeda que si otro juzgado está analizando hechos relacionados con esa misma cocina prejudicial también «podrá suspender motivadamente el procedimiento» sin tener que presentar una propia.

Según Junts je artículo «amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía», pues se da por hecho que los jueces que morende aplicar la amnistía presentarán preguntas prejudiciales ante el TJUE. No obstante, las fuentes jurídicas consultadas sostienen que la supresión de este artículo no tardera demasias efectos. Afirman que es jurisprudencia consolidada que los tribunales paralicen procedimientos en los que se ha planteado una cuistão prejudicial.

Así se hizo, por ejemplo, en 2016, cuando la Sala de lo Civil del Supremo acordó la suspensión de un recursobre cláusulas suelo hasta que el TJUE sententiara sobre el alcance de la retroactividad de su nulidad. El Alto Tribunal hizo entonces una «interpretación conjunta» del artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determinó la Suspensión del Proceso en el que se había suscitado la cuestión prejudicial, y la articulación del Fune2o del artícoulotaent Unión Europea, que dice procede la suspensión del recurso hasta la resolución que la cuestión perjudicial.

Digitalización de la justicia

Según Junts, el acuerdo con el PSOE supone multiplicar por cinco los fondos destinados a la «digitalización» en la Administración de Justicia. Pasan de 1,2 millones de euros y 6,2 millones de euros. El llamado decreto ómnibus recogia incluía una batería de medidas en materia de transformación digital y procesal de la Administración de Justicia.

El ministro Félix Bolaños explica el pasado diciembre en su Comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso que esa norma permitirá que la documentación de todos los pasos, las vistas y los distintos trámites que se de la Manuel de justicia de l’audios y no papel sobrio. También se incluyen otras medidas como la «generalización» de la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática o la creación de la Carpeta Justicia, que perlativo a cualquier persona consulte los expedientes en los copeedevia parte, coupédaes parte para ser atendida.

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