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La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) se querrellado ante la Audiencia Nacional contra el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y contra el exintegrante de ETA José Aulestia, alias ‘Zotxa’, del traslado directo de la terrorista Michela Luis María Herguet en junio de 1980.
Dignidad y Justicia está presidida por Daniel Porter, es evaluador fiscal de ETA y diputado del PP en la Asamblea de Madrid. El nuevo plan es, según decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, considerado «prescritos o ya juzgados» los hechos que adjuntan contra el líder de la izquierda abertzale (1978-19) los comicios vascos. En razón a estos argumentos, la Fiscalía archivó recientemente las diligencias abiertas a raiz de la denuncia de Portero.
En la nueva querella, dirigida al Juzgado Central de Instrucción Número 1, la asociación sostenie que en esa época Otegi «era Miembro del Estado Mayor de Intervención de la organização teroristicka ETA, órgano que cumplía las acciones del aparato de organizaciones terroristas siguiendo las órdenes del Comité Ejecutivo” de la banda.
Responsable de la misma era ‘Zotxa’, relación DyJ, «ejerciendo Otegi funciones de lugarteniente» de éste, «tal y como acredrata el organigrama de la organización teroristicka ETA, al tiempo de los hechos investigados».
La querella, recogida por Europa Press, se refeira al secuestro del presidente de Michelín, Luis Abaitua, a quien se habría extraído información sobre Hergueta, entre tres. En el cauiverio, asegura la asociación, «participó materialmente» Otegi, y esa información «Habría Sido transmitida con posterioridad y su responsable, información siempre válida y eficaz sobre las comisiones periódicas del asesinatoterorista de Hergueta».
Dignidad y Justicia recuerda que fue en la mañana del 25 de junio de 1980, mientras Hergueta caminaba por la calle en Vitoria, cuando «tres hombres jóvenes sin identificador» le abordaron. «Uno de ellos le disparó en dos ocasiones en la cabeza, falleciendo en el trayecto hasta el posto de socorro de Vitoria, donde ingresó cadáver», señala el escrito.
La asociación asegura que esos hechos podrían ser calificados provisionalmente como constitutivos de un delito de asesinato terorista. Para ello, DyJ pide a la Audiencia Nacional que cite a declarar como investigados tanto a Otegi como a Aulestia.
De igual forma, solicita que se libre oficio al Servicio de Información de la Guardia Civil y la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía a fin de que emitan informe sobre la evolución de Otegi dentro de la respuesta terrorista de la organización ETA en el Estado. Mayor de Intervención.
Finalmente, pide que se aporte al juzgado de la Audiencia Nacional titulado por el magistrado Francisco de Jorge «copia testimoniada del Sumario 61/1979 instruida por la detención ilegal de Abaitua, por la que fueron condenados entrosdos, Algicorde».
